Actualización del Reglamento Interno de Trabajo a la Ley 2466 de 2025: Claves de la reforma laboral en el debido proceso y el contrato de aprendizaje

¿Se adapta tu empresa a la nueva realidad laboral?

La Ley 2466 de 2025 (la Reforma) ha impulsado una transformación profunda en el marco laboral aplicable, puesto que cambia las reglas de juego para la interpretación y aplicación de los Reglamentos Internos de Trabajo (RIT), los cuales, suelen ser muy pocas veces modificados por las empresas. Por ello, comprender los efectos de esta Reforma es fundamental, con el fin de no sólo cumplir con los nuevos mandatos legales, sino también para fortalecer la estabilidad de la relación laboral y la cultura organizacional, especialmente en 2 áreas que son neurálgicas para la administración efectiva del personal: la nueva naturaleza del contrato de aprendizaje y las nuevas garantías que hacen parte del debido proceso disciplinario.

Un nuevo paradigma en la contratación de aprendices

El contrato de aprendizaje ha dejado de ser una figura atípica (entendida antes de la Reforma como una “forma especial de vinculación") para convertirse en un contrato laboral especial y a término fijo, regulado por el Código Sustantivo del Trabajo (CST). Como efecto, esta reclasificación introduce obligaciones que demandan una atención especial por parte de los empleadores. Por un lado, la duración máxima de estos contratos se ha extendido, permitiendo una vigencia de hasta tres (3) años, en la búsqueda de una formación más completa para los aprendices.

Y, por el otro, la Reforma ha modificado los valores de apoyo de sostenimiento mensual que, en ningún caso, constituirá salario. Es decir, que, para la formación tradicional, en la fase lectiva será del 75% de un (1) SMLMV, mientras que, en la fase práctica ascenderá al 100% de un (1) SMLMV. Ahora bien, de manera particular, si el aprendiz es un estudiante universitario, su apoyo de sostenimiento mensual no podrá ser inferior al 100% de un (1) SMLMV, sin importar la modalidad de formación.

Además de estas mejoras económicas en la remuneración, la Reforma establece distinciones importantes en cuanto a la seguridad social, ya que, durante la fase lectiva, la empresa pagará la cobertura de salud y riesgos laborales como si fuera un dependiente. Sin embargo, durante la fase práctica, la afiliación se extiende a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) y, más importante aún, el aprendiz tendrá derecho al reconocimiento y pago de todas las prestaciones, auxilios y demás derechos propios de un contrato laboral.

Por último, la Reforma otorga un beneficio adicional y significativo, al estipular que el tiempo correspondiente a la fase práctica o dual deberá ser certificado por la empresa y se reconocerá como experiencia laboral para el aprendiz.

La formalización del debido proceso: una garantía indispensable del trabajador

La Reforma ha reforzado la protección del trabajador al modificar el artículo 115 del CST, al elevar el estándar legar y exigir que todo proceso disciplinario se rija por principios fundamentales como la dignidad, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y la proporcionalidad. Lo anterior, conlleva un cambio de paradigma, al eliminar esa faceta netamente procedimental y transformarla en una obligación formal y escalonada que las empresa deben integrar en sus RIT.

En consecuencia, el empleador ahora está obligado a seguir un procedimiento claro: primero, debe notificar la apertura del proceso con una comunicación formal y por escrito que especifique los hechos y las conductas imputadas. Posteriormente, debe trasladar al trabajador todas las pruebas que fundamentan la acusación y concederle un término no inferior a cinco (5) días hábiles para que presente sus descargos y controvierta dichas pruebas. Una vez agotadas estas etapas, el empleador debe emitir un pronunciamiento definitivo y motivado, imponiendo, de ser el caso, una sanción proporcional y ofreciendo al trabajador la posibilidad de impugnar la decisión.

Así mismo, la ley introduce una disposición centrada en la inclusión dentro de estos procesos disciplinarios, puesto que los empleadores tienen la obligación de proporcionar "medidas y ajustes razonables" para garantizar la comunicación y comprensión mutua con trabajadores en situación de discapacidad. Por lo que este mandato refleja el espíritu de una legislación laboral más humana e inclusiva, y es un aspecto que las empresas no pueden pasar por alto.

La actualización del RIT: una oportunidad para fortalecer la empresa

Con base en estos 2 puntos analizados, la previsión y la adaptación son, sin duda, la clave del éxito para lograr una efectiva reestructuración del RIT que se adapte a los recientes cambios introducidos por la Reforma, garantizando la mitigación de riesgos laborales a futuro y fortaleciendo la relación de las empresas con sus colaboradores mediante reglas claras que garantizan la transparencia y seguridad jurídica.

---

Escrito por: Bryan Sandobal, Abogado, bryan.sandobal@ostabogados.com