La Agencia Nacional de Tierras demandó la inconstitucionalidad de la fase judicial del Decreto Ley 902 de 2017, alegando falta de implementación de la jurisdicción agraria y vulneración al acceso a la justicia. El análisis destaca que el problema es institucional y que la Corte debe exhortar al Gobierno y al Congreso a implementar la jurisdicción agraria sin eliminar la seguridad jurídica que brinda la función judicial en la formalización de tierras.