La Corte Suprema de Justicia, en la Sentencia STC3497 de 2026, abordó un caso en el que una decisión judicial, aunque reconocía un derecho de propiedad, no podía ejecutarse por un error del propio juez: la omisión de un dato esencial. Durante años, la demandante intentó corregir el fallo sin éxito, hasta que la Corte fue clara: los jueces tienen el deber de corregir sus errores cuando estos impiden hacer efectiva la justicia.

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A inicios de diciembre de 2025, la Superintendencia de Sociedades dio a conocer su decisión de continuar prestando sus servicios judiciales de manera ininterrumpida en los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026.

La sentencia revocó la decisión de primera instancia.

Generalidades y consideraciones

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