A inicios de diciembre de 2025, la Superintendencia de Sociedades dio a conocer su decisión de continuar prestando sus servicios judiciales de manera ininterrumpida en los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026.

La Agencia Nacional de Tierras demandó la inconstitucionalidad de la fase judicial del Decreto Ley 902 de 2017, alegando falta de implementación de la jurisdicción agraria y vulneración al acceso a la justicia. El análisis destaca que el problema es institucional y que la Corte debe exhortar al Gobierno y al Congreso a implementar la jurisdicción agraria sin eliminar la seguridad jurídica que brinda la función judicial en la formalización de tierras.

El Consejo de Estado mediante auto del 13 de mayo de 2025 resolvió rechazar el recurso de anulación interpuesto por la ANI contra el laudo que contenía las medidas cautelares decretadas por un árbitro de emergencia el 9 de febrero de 2021 y avocar conocimiento sobre el recurso de anulación presentado en contra del laudo de definitivo y su posterior aclaración.

Sentencia de Unificación 68.994 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 14 de marzo de 2024.